Derecho a la deducción y exención del IVA y fraude intracomunitario: jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

Resumen

La causa de la defraudación en el IVA es el principio de tributación en destino, inicialmente concebido con un carácter provisional o transitorio, pero perpetuado en el tiempo y, además, generalizado desde el 1 de enero de 2007 también para la prestación de servicios.
El fraude intracomunitario puede darse en las entregas intracomunitarias, abusando de la exención en el impuesto, o en las adquisiciones intracomunitarias –el denominado fraude carrusel–, forzando el derecho a la deducción del impuesto. Hasta tanto no se instaure la tributación en origen del IVA, prevista en un inicio, continuarán existiendo graves problemas de fraude.
En cuanto a la exención, el Tribunal comunitario declara que una vez que el vendedor ha cumplido sus obligaciones relativas a la prueba derivadas del Derecho nacional y de la práctica habitual, no puede ser considerado responsable del IVA en el Estado miembro de entrega cuando el adquirente no ha cumplido su obligación contractual de expedir o transportar el bien de que se trate fuera de dicho Estado. En tal supuesto es al adquirente a quien debe considerarse responsable del IVA en el Estado miembro de entrega.
No obstante, el TJCE señala que no puede concederse la exención del IVA correspondiente a una transacción intracomunitaria al vendedor que sabía o hubiera debido saber que esa transacción estaba implicada en un fraude cometido por el adquirente y que no adoptó todas las medidas razonables a su alcance para evitarlo.
Respecto a la deducción, el TJCE ha declarado reiteradamente que el derecho a la deducción del IVA constituye un principio fundamental del sistema común del IVA. En particular, el Tribunal de Luxemburgo considera que es contrario a la Directiva IVA la denegación por la autoridad tributaria del derecho a la deducción de contribuyentes que adoptaron medidas razonables para verificar la existencia de un fraude en el IVA y de contribuyentes que no disponían de indicios que permitieran sospechar de la existencia de irregularidades o de un fraude por el vendedor, emisor de la factura.