Comentario a la Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 4 de julio de 2013

José Manuel Calderón Carrero

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de La Coruña

Miembro de la AEDAF

Revista Técnica Tributaria, Nº 103, Sección Comentario de Jurisprudencia del TJUE, Cuarto trimestre de 2013

Asunto: C-350/11

Partes:Argenta Spaarbank NV y Belgische Staat

Síntesis:

Impuesto sobre Sociedades y Libertad de Establecimiento – Deducción por capital propio (Notional Interest Deduction) – Intereses teóricos/nocionales – Disminución del importe deducible por parte de las sociedades que disponen de establecimientos en el extranjero que generan rentas exentas en virtud de convenios para evitar la doble imposición--Justificación de restricciones basadas en coherencia de régimen fiscal y en el equilibrio del reparto del poder tributario entre Estados miembros

1. Antecedentes

La presente sentencia del TJUE examina la compatibilidad con la libertad de establecimiento del art.49 TFUE de la normativa nacional belga reguladora de la deducción de intereses nocionales creada en el año 2005 para atenuar la diferencia de trato fiscal entre la financiación de las sociedades con capitales tomados a préstamos (cuya remuneración es deducible a efectos fiscales) y la financiación con capitales propios (equity), cuya remuneración estaba íntegramente gravada, e incrementar la ratio de solvencia de las sociedades, dado que la introducción de la deducción por capitales propios se inserta en el marco de un objetivo de carácter general consistente en mejorar la competitividad de la economía belga.

La deducción por capitales propios consiste en una deducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en un porcentaje de los fondos propios de la sociedad de que se trate. Así, la deducción por capital riesgo es igual al capital propio, determinado de acuerdo con la normativa fiscal belga, multiplicado por un tipo fijado en la referida legislación.

En concreto, la normativa belga establece que el capital riesgo que debe tenerse en cuenta corresponde al importe de los capitales propios de la sociedad, al final del período impositivo anterior, determinados de conformidad con la legislación relativa a la contabilidad y a las cuentas anuales tal como figuran en el balance. Existen supuestos en los que los capitales propios han de ser objeto de correcciones para poder servir de base al cálculo del importe de la deducción por capital riesgo. Así, se restará del capital riesgo el valor neto de los activos de los establecimientos permanentes cuyos ingresos estén exentos en virtud de algún convenio para evitar la doble imposición. También se prevé que si no ha habido beneficios en un período impositivo para el que pueda hacerse la deducción por capital riesgo, la deducción puede trasladarse o escalonarse sucesivamente sobre los beneficios de los siete años siguientes.

El litigio que dio lugar a la cuestión prejudicial sobre la compatibilidad con la libertad de establecimiento de esta normativa fiscal belga (notional interest deduction), se planteó precisamente en relación con una entidad belga (Argenta) que operaba a través de un establecimiento permanente en otro Estado miembro (Países Bajos).

Argenta es una sociedad residente en Bélgica, sujeta al impuesto de sociedades en dicho Estado miembro. Tiene un establecimiento permanente en los Países Bajos, cuyos rendimientos están exentos en Bélgica en virtud del Convenio belgo-neerlandés.

En relación con el ejercicio fiscal correspondiente al año 2008, Argenta solicitó, con arreglo a la normativa belga, el derecho a la deducción por capital riesgo antes referida.

El 19 de noviembre de 2008, se fijó la cuota tributaria de Argenta en virtud del impuesto de sociedades en relación con dicho ejercicio fiscal. En el marco del cálculo de dicha cuota, la Administración tributaria belga no tuvo en cuenta el valor neto de los activos del establecimiento permanente de Argenta en los Países Bajos a la hora de determinar el capital riesgo que sirve de base para establecer la deducción por capital riesgo.

El recurso administrativo interpuesto por Argenta el 20 de mayo de 2009 contra dicha cuota tributaria fue desestimado por la mencionada administración el 7 de septiembre de 2009.

Al considerar que tal regulación nacional constituía un obstáculo a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 TFUE, en la medida en que las inversiones efectuadas en un establecimiento permanente situado en un Estado miembro con el que Bélgica había celebrado un convenio para evitar la doble imposición no generan un derecho a deducción por capital riesgo, mientras que inversiones similares efectuadas en un establecimiento situado en Bélgica dan derecho a esa deducción, Argenta interpuso el 4 de diciembre de 2009 un recurso contencioso-administrativo contra esta resolución ante el tribunal remitente.

En estas circunstancias, dicho tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Se opone el artículo [49 TFUE] a un régimen fiscal nacional en virtud del cual un sujeto pasivo por obligación personal en Bélgica, para el cálculo de su beneficio imponible, no puede aplicar ninguna deducción por capital riesgo al importe de la diferencia positiva entre, por un lado, el valor contable neto de los elementos del activo de los establecimientos que el sujeto pasivo mantiene en otro Estado miembro de la Unión Europea y, por otro lado, el total de los elementos del pasivo que se imputan a estos establecimientos, mientras que sí puede aplicar la deducción por capital riesgo si esta diferencia positiva se imputa a un establecimiento permanente ubicado en Bélgica?»

2. Comentario

Así planteadas las cuestiones prejudiciales, el TJUE centró su pronunciamiento en determinar si el artículo 49 TFUE debía interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, para calcular una deducción concedida a una sociedad sujeto pasivo por obligación personal en un Estado miembro, no se tiene en cuenta el valor contable neto del activo de un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro, cuando los beneficios de dicho establecimiento permanente están exentos de impuestos en el primer Estado miembro en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, mientras que los activos atribuidos a un establecimiento permanente situado en territorio del primer Estado miembro se tienen en cuenta a tal efecto.

El TJUE, en primer lugar, trajo a colación su reiterada jurisprudencia sobre la libertad de establecimiento, de acuerdo con la cual el artículo 49 TFUE reconoce a los nacionales de la Unión y que implica para ellos el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas, en las mismas condiciones fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales, comprende, conforme al artículo 54 TFUE, para las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión, el derecho a ejercer su actividad en el Estado miembro de que se trate por medio de una filial, sucursal o agencia (véase la sentencia de 15 de septiembre de 2011, Accor, C-310/09, Rec. p. I-8115, apartado 39 y jurisprudencia citada). A este respecto, el Tribunal de Justicia puso de relieve cómo la libertad de establecimiento tiene por objeto además de asegurar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, se opone asimismo a que el Estado miembro de origen obstaculice el establecimiento en otro Estado miembro de uno de sus nacionales o de una sociedad constituida de conformidad con su legislación (sentencia Accor, antes citada, apartado 40 y jurisprudencia citada), de suerte que tales se aplican también cuando una sociedad establecida en un Estado miembro opera en otro Estado miembro a través de un establecimiento permanente (véase la sentencia de 15 de mayo de 2008, Lidl Belgium, C-414/06, Rec. p. I-3601, apartado 20).

Una vez expuesto el alcance de la libertad de establecimiento, el TJUE volvió al caso objeto de la cuestión prejudicial donde resultaba que, para el cálculo de la deducción por capital riesgo, la normativa controvertida establece una diferencia de trato entre los activos de establecimientos permanentes situados en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica, cuyos ingresos no están sujetos a impuestos en Bélgica, y los activos de establecimientos permanentes situados en este último Estado miembro. De esta forma, los activos atribuidos a establecimientos permanentes situados en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica y cuyos rendimientos no son imponibles en Bélgica no se tienen en cuenta al calcular el capital riesgo que sirve de base para el cálculo de la deducción controvertida en el litigio, mientras que los activos atribuidos a los establecimientos permanentes situados en Bélgica se tienen en cuenta a tal efecto.

Con el objeto de determinar la existencia de un obstáculo a la libertad de establecimiento, el TJUE vino a establecer, en línea con el Abogado General, que el tener en cuenta los activos de un establecimiento permanente a los efectos del cálculo de la deducción por capital riesgo de una sociedad belga sujeta al impuesto de sociedades en Bélgica constituye una "ventaja fiscal", dado que contribuye a reducir el tipo efectivo del impuesto de sociedades que dicha sociedad ha de abonar en dicho Estado miembro. Tal ventaja fiscal se deniega cuando el establecimiento permanente (EP) de la sociedad residente en Bélgica se sitúa en otro Estado miembro y se beneficia de una exención de sus rentas en virtud de un convenio para evitar la doble imposición celebrado entre el Reino de Bélgica y dicho Estado miembro.

Frente a tal exclusión de la ventaja fiscal en casos donde se opera a través de un EP en otro Estado miembro cuya base imponible está exenta en Bélgica en virtud de un Convenio de doble imposición, el Gobierno belga alegó que la diferencia de trato que se deriva de la normativa nacional controvertida en el litigio principal no constituye una restricción de la libertad de establecimiento, dado que, por un lado, esta diferencia de trato no entraña consecuencias desfavorables para la sociedad que dispone de un establecimiento permanente en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica, y, por otro, que, si se pudiera demostrar la existencia de tales consecuencias desfavorables, éstas se deberían al ejercicio paralelo por parte de varios Estados miembros de su potestad tributaria. De este modo, dicho Gobierno considera que, aun teniendo en cuenta los activos del establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica, los beneficios sujetos a gravamen de la sociedad principal residente no se reducirían.

El TJUE reconoció que en relación con los establecimientos permanentes extranjeros no exentos en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, la deducción por capital riesgo se calculaba separadamente, en relación con los activos atribuidos al establecimiento permanente aplicándose con carácter prioritario a los beneficios de dicho establecimiento. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no aceptó el razonamiento del Gobierno belga en el sentido de que por analogía que si fuera preciso tener en cuenta los activos del establecimiento permanente situados en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica y cuyas rentas están exentas en virtud de un convenio, la deducción por capital riesgo debería imputarse a los beneficios atribuidos a dicho establecimiento; tal rechazo se fundamentó en una diferencia sustancial entre un caso y otro: en el caso donde el EP está situado en un Estado miembro con el que media un CDI que establece el método de exención, sus beneficios no están sujetos a gravamen en Bélgica. En último análisis, el TJUE terminó afirmando que la imposibilidad de que una sociedad que tiene un establecimiento permanente en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica se beneficie, para la reducción de su base imponible, de la deducción por capital riesgo calculada teniendo en cuenta los activos de dicho establecimiento es desventajosa para esa sociedad, de suerte que tal trato desventajoso puede disuadir a una sociedad belga de ejercer sus actividades mediante un establecimiento estable situado en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica y, por consiguiente, constituye una restricción en principio prohibida por las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento.

Una vez establecida la existencia de una restricción, el TJUE pasó a analizar si tal restricción podía estar justificada por razones imperiosas de interés general, lo cual requiere que la medida nacional restrictiva sea adecuada para garantizar la realización del objetivo así perseguido y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo (véase la sentencia Lidl Belgium, antes citada, apartado 27 y la jurisprudencia citada).

A este respecto, el Gobierno belga invocó razones vinculadas a la necesidad de garantizar la coherencia del sistema tributario belga y al reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, considerados como un todo. De este modo, en primer lugar, en opinión del referido gobierno, el régimen de deducción por capital riesgo es perfectamente equilibrado y existe un vínculo directo, personal y material, entre la ventaja fiscal calculada en relación con los activos y la imposición de los beneficios generados por dichos activos, afirmando que este vínculo es comparable al que existe entre los intereses deducibles de un préstamo destinado a la adquisición de un activo y el beneficio imponible generado por dicho activo, ya que la ley que establece la deducción controvertida en el litigio principal tiene por objetivo, como se desprende de su exposición de motivos, tratar, en el plano fiscal, los capitales propios del mismo modo que los capitales tomados en préstamo. Aunque la deducción por capital riesgo se calcula a tanto alzado, en relación con los capitales propios de la sociedad, y no a prorrata de los beneficios imponibles de ésta, se considera que el importe calculado de la deducción representa los intereses que la sociedad habría abonado si hubiera debido tomar dinero en préstamo para constituir los activos adquiridos con la ayuda de sus capitales propios. En segundo lugar, el Gobierno belga argumentó que al denegar la toma en consideración de los activos de un establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica y cuyos beneficios no están sujetos a tributación en Bélgica, dicho Estado miembro ejerce su competencia en materia tributaria respetando el principio de territorialidad y de modo conforme con el reparto de la potestad tributaria, tal como éste se desprende del Convenio belgo-neerlandés. En opinión del Gobierno belga, la facultad de tener en cuenta los gastos contables o no contables en relación con los activos y los pasivos afectados a un establecimiento permanente y de conceder las deducciones relativas a estos activos o pasivos corresponde al Estado miembro al que el convenio para evitar la doble imposición confiere el derecho de gravar los beneficios del establecimiento permanente. Tal reparto, establecido por el Convenio belgo-neerlandés, es por otro lado conforme con el modelo de Convenio fiscal sobre la renta y el patrimonio, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El TJUE salió al paso frente a la argumentación de justificación de la restricción expuesta por el Gobierno belga.

Frente al primer motivo de justificación invocado por el Gobierno belga, el TJUE recordó que la necesidad de preservar la coherencia de un régimen fiscal puede justificar una restricción al ejercicio de las libertades de circulación garantizadas por el Tratado (sentencias de 28 de enero de 1992, Bachmann, C-204/90, Rec. p. I-249, apartado 28; de 7 de septiembre de 2004, Manninen, C-319/02, Rec. p. I-7477, apartado 42; de 23 de febrero de 2006, Keller Holding, C-471/04, Rec. p. I-2107, apartado 40, y de 27 de noviembre de 2008, Papillon, C-418/07, Rec. p. I-8947, apartado 43). No obstante, para que una argumentación basada en tal justificación pueda prosperar, se exige, según reiterada jurisprudencia, que se demuestre una relación directa entre la ventaja fiscal de que se trate y la compensación de esa ventaja con un gravamen fiscal determinado (sentencias, antes citadas, Manninen, apartado 42, y Keller Holding, apartado 40), debiendo apreciarse el carácter directo de ese vínculo en relación con el objetivo de la normativa controvertida (sentencias Manninen, antes citada, apartado 43; de 28 de febrero de 2008, Deutsche Shell, C-293/06, Rec. p. I-1129, apartado 39, y Papillon, antes citada, apartado 44). Dado que la ventaja fiscal controvertida consiste en la posibilidad de tener en cuenta, para el cálculo de la deducción por capital riesgo, los activos atribuidos a un establecimiento permanente, tal ventaja, que tiene por efecto reducir el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades al que está sometida la sociedad principal, no se ve compensado por ninguna exacción fiscal determinada, dado que dicha ventaja sólo se concede cuando los beneficios generados por el establecimiento permanente se someten a imposición en Bélgica, no apreciándose ningún "vínculo directo" entre la ventaja calculada teniendo en cuenta los activos y la imposición del rendimiento generado por éstos.

Ello obedece a que la normativa requiere únicamente que los rendimientos que en su caso haya obtenido dicho establecimiento permanente se graven en Bélgica, pero no somete la concesión de la ventaja de que se trata a su realización efectiva, ni a su gravamen real. Por tanto, el régimen belga admite una situación en la cual cuando las rentas de un establecimiento permanente son imponibles en Bélgica, pero dicho establecimiento no ha generado rentas, sus activos se tienen en cuenta para calcular la deducción aplicada a la sociedad a la que corresponden.

Por todo ello, el TJUE consideró que la negativa a tener en cuenta los activos de los establecimientos permanentes situados en un Estado miembro distinto del Reino de Bélgica y cuyos rendimientos están exentos de impuestos en Bélgica en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, no puede justificarse por razones relacionadas con la necesidad de garantizar la coherencia del régimen fiscal nacional. Todo parece indicar que el TJUE hubiera aceptado la concurrencia de esta causa de justificación, allí donde se hubiera vinculado la deducción sobre capital propio con el derecho a gravar el retorno de tales activos.

El segundo motivo de justificación alegado por el Gobierno belga corrió la misma suerte. En relación con el mismo, el TJUE comenzó recordando que la preservación del reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros es un objetivo legítimo reconocido por la jurisprudencia comunitaria y que, a falta de medidas de unificación o de armonización adoptadas por la Unión, los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de su potestad tributaria con el fin, en particular, de suprimir la doble imposición (sentencia de 19 de noviembre de 2009, Comisión/Italia, C-540/07, Rec. p. I-10983, apartado 29, y de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, C-371/10, apartado 45). Una vez expuesta tal punto de partida, el Tribunal introdujo su matización habitual en el sentido de que el hecho de que un Estado miembro, en un convenio para evitar la doble imposición celebrado con otro Estado miembro, haya pactado que los beneficios imputables a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado miembro sean gravables únicamente en este último y que, por consiguiente, el primer Estado miembro no pueda ejercer su competencia en materia tributaria sobre los beneficios imputables a dicho establecimiento permanente, no puede justificar sistemáticamente toda negativa de concesión de una ventaja a la sociedad establecida en territorio del primer Estado miembro a la que pertenece el mencionado establecimiento permanente. Y ello porque tal negativa equivaldría a justificar un tratamiento diferenciado por el mero motivo de que una sociedad situada en un Estado miembro ha desarrollado una actividad económica transnacional que no pretende generar ingresos fiscales en beneficio de dicho Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias Marks & Spencer, antes citada, apartado 40, y de 29 de marzo de 2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, Rec. p. I-2647, apartado 43). No obstante, de la propia jurisprudencia comunitaria se desprende que puede admitirse la necesidad de preservar el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, en particular, cuando el objetivo del régimen de que se trate sea evitar comportamientos que puedan comprometer el derecho de un Estado miembro a ejercer su competencia fiscal en relación con las actividades desarrolladas en su territorio (véanse las sentencias Oy AA, antes citada, apartado 54; de 8 de noviembre de 2007, Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, apartado 58; de 18 de junio de 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, Rec. p. I-5145, apartado 66; de 20 de octubre de 2011, Comisión/Alemania, C-284/09, apartado 77, y de 10 de mayo de 2012, Santander Asset Management SGIIC y otros, C-338/11 a C-347/11, apartado 47). En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que este objetivo persigue salvaguardar el equilibrio entre el derecho a gravar los beneficios y la facultad de deducir las pérdidas de un establecimiento permanente, en la medida en que la consecuencia de admitir que las pérdidas de un establecimiento permanente no residente puedan ser deducidas de los ingresos de la sociedad principal es permitir a esta última elegir libremente el Estado miembro en el que puede alegar tales pérdidas (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Oy AA, apartado 56, y Lidl Belgium, apartado 34). Una vez fijado el marco de principios, el TJUE procedió a su aplicación al caso declarando que, tal y como señaló el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, conceder la ventaja fiscal controvertida no comprometería en modo alguno ni el derecho del Estado miembro en cuyo territorio está establecida la sociedad a la que pertenece el establecimiento permanente ni el del Estado miembro en el que está situado el establecimiento permanente a ejercer la potestad tributaria en relación con las actividades realizadas en su territorio ni entrañaría el desplazamiento de rendimientos normalmente imponibles en uno de los Estados miembros al otro. Algunos comentaristas han señalado que si se empleara un test de localización de activos en lugar del test de lugar de realización de actividades que emplea el TJUE, se llegaría a otra conclusión, ya que la integración en el cómputo de la deducción por capital propio de los activos asignados al EP en el extranjero cuyo retorno está exento, estaría erosionando el retorno de los activos situados en Bélgica no exentos (Larking, "Argenta—a plea for EU legal certainty", EU Tax Centre Kpmg, August 5, 2013).

Respecto del tercer argumento invocado por el Gobierno belga basada en el trato paralelo que procedería conceder a la deducción fiscal de los intereses de los préstamos utilizados para generar los activos imputables a un EP, por un lado, y al trato de los capitales propios atribuidos a un EP, por otro, el TJUE señaló que tal Gobierno admite el carácter a tanto alzado de la deducción por capital riesgo que se calcula en relación con los capitales propios de la sociedad de que se trate, y no a prorrata de los beneficios imponibles generados por sus activos.

En consecuencia, el mencionado Gobierno no puede sostener que el Convenio belgo-neerlandés y, en particular, las disposiciones relativas a la determinación de los beneficios de un establecimiento permanente y a la toma en consideración, a tal efecto, de los gastos realizados para alcanzar los fines perseguidos por dicho establecimiento se oponen a la toma en consideración, para el cálculo de la deducción por capital riesgo, de los activos atribuidos a un establecimiento permanente cuyos rendimientos no son gravables en Bélgica en virtud de ese Convenio.

Precisamente por esta desconexión entre la fórmula de cálculo ventaja fiscal y los beneficios del EP la restricción instaurada por la normativa controvertida en el litigio principal no puede estar justificada por razones vinculadas a la necesidad de garantizar el reparto equilibrado de la facultad tributaria entre los Estados miembros. El TJUE, por tanto, realiza una interpretación muy estricta de esta causa de justificación (y del propio principio de territorialidad) y la aplica utilizando criterios que podrían ser calificados como formalistas, si se tiene en cuenta que tanto el cálculo de la deducción por capitales propios como el cómputo de la base imponible exenta del EP se construyen a partir de una asignación de activos entre la casa central y el EP que opera de forma simétrica; en este sentido, la exención de la renta extranjera que realiza Bélgica a través del CDI supone una territorialización del impuesto sobre sociedades que opera sobre toda la base imponible atribuíble al EP y en particular a todos los activos asignados funcionalmente a tal lugar fijo de negocios, lo cual resulta coherente con el sistema de cálculo articulado en relación con la deducción por capitales propios a partir de los asignados a la casa central.

Por tanto, el mero hecho de que la base de cálculo de la deducción y de la exención no sean coincidentes (unido al hecho de que cuando no opera la exención de los beneficios del EP se toman en cuenta tales activos a efectos de la deducción por capital riesgo) sirvió al TJUE para considerar que tal cálculo asimétrico constituye una restricción contraria al Derecho de la UE, estableciendo así una jurisprudencia de gran alcance y relevancia para configurar cualquier tipo de incentivo o deducción fiscal cuyo cálculo no opere estrictamente sobre los beneficios económicos sino sobre otros elementos como los activos de la empresa. De alguna forma, el Tribunal de Justicia adopta una posición asimétrica respecto de las deducciones relacionadas con los activos del EP que la adoptada respecto de las pérdidas de un EP situado en el extranjero donde se acepta la restricción generada por el Estado de residencia limitando la integración de tales bases imponibles negativas con bases imponibles positivas nacionales, no resultando evidente que no exista en ambos casos una misma lógica de protección del equilibrio en el reparto del poder tributario entre los Estados, aunque es cierto que, con carácter general y algunos matices, los CDI no limitan el poder tributario del Estado de residencia sobre la toma en consideración de pérdidas extranjeras o la aplicación de deducciones relacionadas con activos situados en el extranjero (Larking, "Argenta—a plea for EU legal certainty", EU Tax Centre Kpmg, August 5, 2013).

Por último, cabría destacar que el TJUE, en relación con el IVA, ha declarado que una sociedad cuya sede esté situada en un Estado miembro, no puede tomar en consideración, para determinar la prorrata de deducción del IVA que le es aplicable, el volumen de negocios realizado por sus sucursales establecidas en otros Estados miembros (STJUE de 12 de septiembre de 2013, C-388/11, Le Crédit Lyonnais).

3. Fallo

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declaró que:

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, para calcular una deducción concedida a una sociedad sujeto pasivo por obligación personal en un Estado miembro, no se tiene en cuenta el valor contable neto del activo de un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro, cuando los beneficios de dicho establecimiento permanente están exentos de impuestos en el primer Estado miembro en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, mientras que los activos atribuidos a un establecimiento permanente situado en territorio del primer Estado miembro se tienen en cuenta a tal efecto.