Revista Técnica Tributaria, Nº 112, Sección Doctrina Administrativa, Primer trimestre de 2016
LGT y RGAT. Procedimiento de comprobación limitada. Obligación de adecuación del alcance de las actuaciones a la comprobación efectivamente realizada, con carácter previo a la formulación de propuesta de liquidación y concesión de trámite de audiencia.
Unidad resolutoria: Vocalía Cuarta
La regularización practicada no puede comprender un objeto que no estaba incluido en la comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación limitada.
En el caso, la comunicación de inicio se fijó como objeto la constatación de los datos que figuran en los libros registros del IVA y su correcta trascripción en las autoliquidaciones y en la declaración resumen anual, así como la comprobación de los requisitos formales de las facturas que se soliciten, mientras que la regularización declaraba que se habían incumplido los requisitos materiales establecidos en la Ley 37/1922 (Ley IVA) para ejercer el derecho de la deducción.
Ahora bien, discrepamos en cuanto a la naturaleza del vicio que se imputa a la regularización, pues no es un vicio de procedimiento, sino que podría tratarse de un acto dictado con desviación de poder; ni compartimos que puedan retrotraerse actuaciones para subsanar el vicio ampliando el alcance de las inicialmente comunicadas, pues eso sería utilizar la vía del recurso para corregir defectos no subsanables.
Fundamentos de derecho
SEGUNDO Determinado el alcance expresado en la comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación limitada y la regularización efectuada por la Oficina Gestora, la cuestión que este Tribunal debe resolver es si dicha regularización se corresponde con el alcance comunicado. Así, este Tribunal Central considera que en la medida en que el alcance se circunscribe a constatar que los datos que figuran en los Libros Registros del IVA han sido transcritos correctamente en las autoliquidaciones y en la declaración resumen anual, así como comprobar los requisitos formales de las facturas que se soliciten, y que la regularización considera que se han incumplido los requisitos materiales establecidos en los artículos 92 y siguientes de la Ley 37/1922 para ejercer el derecho de la deducción, la Administración, en su comprobación, no se ha ajustado al alcance comunicado al inicio del procedimiento de comprobación limitada, y tampoco procedió a la modificación de dicho alcance en los términos previstos en el artículo 164.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, anteriormente transcrito.
En consecuencia, este TEAC aprecia un defecto procedimental trascendente, pues la adecuada delimitación del alcance de las actuaciones de comprobación limitada efectivamente realizadas, resulta relevante a los efectos previstos en el artículo 140 de la Ley General Tributaria, que prohíbe una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en el procedimiento que es objeto de la presente reclamación. Se trata de un defecto procedimental invalidante de la resolución con liquidación provisional dictada, cuya subsanación exige retrotraer las actuaciones para que, con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones, se dicte acuerdo en el que de forma motivada se amplíe el alcance de las actuaciones y se notifique debidamente dicho acuerdo al obligado tributario.
Es decir, no se trata de un defecto insubsanable, determinante de la nulidad de pleno derecho del acuerdo de liquidación, pues la Oficina gestora no ha dictado dicho acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La Oficina gestora realiza actuaciones de comprobación limitada en el seno de un procedimiento diseñado por la norma para realizar dichas actuaciones y lo que ha incumplido es la obligación (artículo 164.1 RRVA) de ampliar el alcance inicialmente comunicado al sujeto pasivo antes de la apertura del plazo de alegaciones. Se trata, por tanto, de un defecto procedimental trascendente que vicia de anulabilidad el acuerdo de liquidación y que obliga a retrotraer las actuaciones al momento inmediato anterior a aquél en que se produce el defecto, para su subsanación.